Astrid Flórez Quesada[1]
El triunfo de Gustavo Petro marca un viraje en el poder de decisión del electorado sobre los
destinos del país. Los votos que le dieron la diferencia ganadora fueron
adjudicados a un millón de jóvenes[i] que salieron a votar, la
fuerza de las mujeres y el crecimiento del electorado en el Pacífico y el
Suroccidente colombiano[ii].
Los protagonistas de este cambio electoral lo fueron
también durante el estallido social del año pasado en el que estuvieron en
juego diversas visiones sobre la sociedad movilizados desde abajo por sectores
populares organizados y no organizados, con altas dosis de espontaneísmo y
saturación ante la crisis social y económica agravada por la pandemia.
Además, el mapa de electores a favor del proyecto del
Pacto Histórico coincidió con los territorios que mayoritariamente le dieron el
sí al Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016, pero que fue negado por la
mayoría de colombianos por cuenta del entrampamiento de décadas de violencia y
manipulaciones mediáticas.
Con Petro en la silla presidencial, los vientos de
cambio han revelado el duro rechazo de los grupos de poder a una transformación
parcial o sustancial de la desigualdad o del modelo económico porque -según argumentan-
las decisiones tomadas favorecen el desarrollo vía crecimiento económico, único
camino para contar con los recursos suficientes que permiten distribuir la
riqueza.
Lo que tenemos en juego es la reconstrucción de la
bitácora (la Constitución) de un gran buque sin Capitán durante los últimos cuatro
años pero que ha sido comandado por los turistas de primera clase. Algunos
pensarían que si una parte de la tripulación y los pasajeros deciden tomar de
nuevo el control del barco, es preciso cuidarse de los amotinamientos, las vías
de hecho o de los timonazos bruscos que pudieran reducir antes que mejorar las
probabilidades de llegar a buen puerto.
Un eje crucial de la reconstrucción del rumbo es la
educación. Si partimos de tres de los ejes centrales discutidos por los
movimientos sociales, el gobierno de Petro tendrá que avanzar en resolver de
manera concreta la dualidad consagrada en la Constitución Nacional que concibe
la educación como un derecho y como un servicio. Esta dualidad se expresa en la
materialización de los derechos y la evaluación de las políticas públicas para
tal fin, que pueden estar ajustados al modelo de las 4 A: asequibilidad
(disponibilidad), accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Lo fundamental
se halla en si cada una de estas aristas se sigue leyendo en clave de
fortalecer el mercado desregulado o la materialización de proyectos educativos
alternativos en clave de participación decisoria de las comunidades desde sus
territorios.
El
segundo eje se refiere a la financiación de la educación, debate que se ha
centrado en la reforma a la ley 30, el subsidio a la demanda y el manejo
crediticio por medio del Icetex para garantizar accesibilidad al sistema. Si
bien el gobierno Duque como respuesta al estallido social pretendió
desmovilizar buena parte de las demandas de la juventud estableciendo una medida
de gratuidad en las matrículas universitarias, dejó de lado apuestas claras
para subsanar la desfinanciación estratégica del sistema público. La gratuidad
de la educación pública es un campo mucho más amplio que los programas de
matrícula cero en el que el Gobierno Petro deberá demostrar el cambio real en
la orientación de las líneas crediticias institucionales y en romper la
creencia generalizada de que para obtener educación de calidad se debe pagar un
alto precio.
Ante la
gravedad de la crisis del sistema educativo Petro ha reiterado la necesidad de
contar con educación superior
pública, gratuita y universal. En febrero de 2018 propuso elevar el presupuesto
de 3.6 a 14 billones en cinco años. Su
programa de gobierno actual supedita la financiación al logro de una reforma
tributaria, en medio de un proceso de construcción de mayorías en el Congreso, que
todavía está por demostrar su eficacia para darle luz verde a las
transformaciones planteadas para el “cambio histórico”.
El tercer eje se refiere a la democratización de la
educación, discusión que hoy atraviesa dos procesos claves: el primero, el acceso
efectivo de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, mejorar
las tasas de graduación y de inserción laboral en un mercado cambiante, desindustrializado
y orientado a la venta de servicios. El segundo tiene que ver con las
estructuras de gobierno universitario en donde el control gubernamental de los
consejos superiores universitarios ha estado dominado por el neoliberalismo y
las tecnocracias antes que por las propuestas y realidades de las y los jóvenes
y sus comunidades. En estas instancias, tanto las élites nacionales como regionales
han desconocido los saberes de las comunidades educativas, los aprendizajes de
las transformaciones sociales luego de la firma del Acuerdo de Paz y anclado
sus redes clientelares. En este marco, el fortalecimiento del Sistema
Universitario Estatal representaría un cambio importante en el enfoque.
A modo de cierre, un cuarto eje será el de la calidad de
la educación en su apuesta por construir una sociedad del conocimiento. Siempre
que siga orientado hacia el desarrollo pleno de las fuerzas productivas
desde la perspectiva del avance del capitalismo, como lo señaló Petro en
su discurso público la noche de elecciones, el modelo seguirá girando en torno
al neoliberalismo. Distanciarse de esta senda será el gran reto. ¡Gobernará y
veremos!
[1]
Docente de planta del Programa de ciencia política de
la Universidad Surcolombiana, politóloga y magister en Desarrollo, ambiente y
sociedades.
